En este momento, el pisco no está para concursos

Quien revise las redes sociales relacionadas de una u otra manera con el pisco, se topará en estos días con una andanada de acaloradas discusiones. Cierto que se trata de un sector relativamente pequeño de la actividad gastronómica, no obstante es la primera denominación de origen peruana y lo que ocurra en ella debería interesarnos a todos. ¿Qué es lo que se discute y por qué tanto acaloramiento? Intentaremos resumir el meollo de las discusiones y cuál podría ser el camino para que las aguas se calmen.

 

Escribe Manuel Cadenas Mujica

El detonante de esta conflictiva situación ha sido la convocatoria al Concurso Nacional del Pisco 2016, vitrina en la que se aspira a exhibir a los mejores piscos del Perú. La controversia se produjo porque fue la Conapisco (organismo dependiente del Ministerio de la Producción) quien hizo el anuncio y se declaró organizador oficial. Para el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Pisco (CRDOP), que encabezaba el productor pisquero Jaime Marimón, se trataba de una “usurpación de funciones”. Como Conapisco no se dio por aludido e Indecopi tampoco, Marimón y nueve de los diez miembros de su Consejo Directivo renunciaron a la institución reguladora.

LOS RECLAMOS DEL CONSEJO REGULADOR

Los roces entre estas instituciones datan de por lo menos junio de 2015. Como informamos en La Yema del Gusto, el Indecopi convocó entonces a los productores pisqueros a una reunión para tratar la problemática del sector sin tomar en consideración al CRDOP. Esta institución fue reconocida como tal por el propio Indecopi en el año 2011, aunque con un funcionamiento acotado en los capítulos del Reglamento de la DO Pisco concernientes a las facultades sancionadoras, que Indecopi se reservó temporalmente. Aquella vez, Marimón saltó hasta el techo y dio a conocer documentos mediante los cuales desde 2013 había solicitado al Indecopi el levantamiento de tal suspensión de facultades, a fin de ejercer plenamente la regulación del sector pisquero, aquejado principalmente por la adulteración, sin ser escuchado.

Según Marimón, esa era la razón principal por la cual el CRDOP (a cargo de la Asociación Nacional de Productores Pisqueros) no había conseguido realizar una labor más eficaz. Señalaba el productor que, con su negativa, el Indecopi le había cerrado el paso a un acuerdo con cierta entidad internacional que facilitaría al CRDOP la realización de inspecciones y exámenes fisicoquímicos a la producción pisquera para garantizar que su calidad se ciña al Reglamento. Y que, ergo, el Consejo Regulador no podía hacer otra cosa que avisar al Indecopi de cualquier sospecha de infracción a la normativa, para que sea este quien proceda.

Así había ocurrido en junio de 2013, cuando a la par de la revelación periodística de La Yema del Gusto, de que se estaba comercializando en importantes supermercados de la capital un “pisco bidestilado” de la marca Rotondo (registrada fotográficamente), el CRDOP procedió a comunicar a Indecopi de la presunta falta a la normativa, y este abrió un proceso de investigación de cuyos resultados finales –tras el fallo sancionador de primera instancia y las apelaciones– no tenemos todavía conocimiento. Igualmente sucedió poco después con el caso Vargas y otros más, también en el limbo procesal.

LA POSICIÓN DE INDECOPI

En aquella reunión de julio de 2015, Indecopi dio a conocer su posición a través del director de Signos Distintivos, Ray Meloni. El funcionario, después de escuchar a los productores pisqueros que se pronunciaron principalmente sobre la ineficacia del Consejo Regulador y su falta de representatividad (nadie conocía en ese momento cuál era el número real de productores inscritos en él, y si la inscripción procedía por simple solicitud o había que elevarla a Registros Públicos), señaló con claridad que era imposible por ley delegar las facultades que reclamaba Marimón y que se hallaban suspendidas según las disposiciones transitorias del Reglamento.

Aunque se cuidó en no responsabilizar a su antecesora en el cargo, Patricia Gamboa, y argumentó que no existía ninguna facultad pendiente, dejó claro que cualquier promesa de entregar las facultades sancionadoras, contenida en el Reglamento de la DO Pisco (y que es el meollo de todas las disputas con Jaime Marimón y el Consejo Regulador del Pisco), contravenía lo dispuesto por la Ley Marco de los Consejos Reguladores.

Unas semanas después, parecía que se había firmado la paz. Durante el Concurso Nacional del Pisco celebrado en Ica, Ray Meloni y Jaime Marimón se reunieron y conversaron. Según Marimón, el funcionario de Indecopi se había comprometido a tomarlo en consideración en futuras decisiones, a recorrer las cinco regiones pisqueras al alimón para recoger el parecer de los productores respecto del proyecto de nuevo Reglamento de la DO Pisco, y a estudiar el asunto de la delegación de facultades. Marimón a su vez se comprometió a revisar la inscripción de los productores a fin de ampliar la base de asociados y convocar a elecciones en busca de su sucesor.

Pero entre julio de 2015 y julio de 2016, mucha agua corrió bajo el puente. Sería muy largo enumerar una a una las situaciones y anécdotas que se han sucedido; lo cierto es que la paz devino superficial, el diálogo no continuó, las elecciones se fueron postergando (bien por ausentismo de los propios pisqueros a las reuniones de coordinación, bien por decisiones del Comité Electoral calificadas de arbitrarias y fuera de la ley), y tanto Indecopi como Conapisco fueron asumiendo posiciones cada vez más excluyentes con el Consejo Regulador que encabezaba Marimón.

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

¿Quién tiene la razón? Difícil establecerlo y no parece que alguien la tenga del todo. Es cierto que el Reglamento de la DO promete las facultades que reclama Marimón y que en los recientes años ha sido el CRDOP quien ha convocado y organizado los concursos nacionales, pero también es real que si la Ley Marco de los Consejos Reguladores impide delegar las facultades sancionadoras, tal como afirma Meloni, este nada más está cumpliendo con su deber como funcionario responsable; asimismo, no es una afrenta para los catadores –que realizan su labor con innegable profesionalismo, pero sin perfección como cualquier obra humana– señalar que los últimos concursos se han desarrollado a la sombra de muchos vaivenes y desórdenes, que han empañado los resultados. Al fin y al cabo, los catadores son responsables de la cata, no de la organización.

Sin embargo, en este proceso difícil del pisco, hay un mea culpa general que realizar. Porque como se comprobó en la convocatoria a elecciones el año pasado, los productores –salvo conocidas y destacadas excepciones– han brillado muchas veces por su ausencia, por su falta de compromiso para con su propia institucionalidad, por su franca indiferencia con los problemas que aquejan al pisco y por su actitud crítica a priori, pero no propositiva ni proactiva. Demasiada espera en lo que el Estado pueda hacer por ellos, poca iniciativa de lo que ellos mismos pueden hacer por su  sector.

El Estado, por su parte, tampoco puede sacar cuerpo. No solamente Indecopi y Conapisco (y Promperú y Cancillería, encargadas de la difusión exterior), que al fin y al cabo no dirigen las políticas públicas, sino las siguen; más bien las altas esferas de la conducción pública, en el Ejecutivo y Legislativo, pues fuera de declaraciones líricas, su interés por esta denominación de origen es nula en términos concretos. Dos botones de muestra: uno, la obsesión con las cifras de “producción” y “exportación” como si se tratase de una bebida de volumen, como el vodka o el ron, y no de nichos premium (mentalidad que determina una cultura pública nefasta); dos, la falta de inversión en investigaciones, cuando en Chile se invierten grandes presupuestos en ello (solo el libro de Lacoste obtuvo financiamiento público–privado por un millón de dólares).

Pero los comunicadores y opinólogos también tenemos parte en este concierto. Pues lejos de atizar las polémicas en torno de lo anecdótico, de lo trivial o de conformarnos con la superficialidad de una defensa chauvinista e hipócrita de la denominación de origen pisco (o, como en mi caso, la decisión de tomar distancia para no sentirme arrastrado por esas corrientes), tendríamos que haber puesto manos en el arado en cuanto a la difusión y a la reflexión sobre los verdaderos enemigos del espirituoso nacional.

¿Qué hacer? Dadas las circunstancias, no parece apropiado insistir en la realización del Concurso Nacional. Sé que esto parecerá extremo, pero no implica de ninguna manera un cuestionamiento a la capacidad de Conapisco de organizar un certamen con las garantías de transparencia y profesionalismo que todos esperamos; como tampoco ninguna crítica a la labor de los catadores oficiales y aspirantes, por los cuales guardo profundo respeto. Es nada más un llamado a esperar que los ánimos se serenen, que las aguas se aquieten, y a concentrar los esfuerzos en lo realmente importante: reconstruir la institucionalidad y hacer efectiva la regulación y sanción. Una tarea que ha de realizarse sin exclusiones ni revanchas.

Cuando eso ocurra, y sean los propios pisqueros quien encabecen esta iniciativa, entonces sí, bienvenidos los concursos y celebraciones pisqueras. Nada más digo.

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