Que nadie se lave las manos en la crisis del pisco

Hace unos días, el Instituto Nacional de la Competencia y de la Defensa de la Propiedad Intelectual (Indecopi) emitió un comunicado en su portal, luego refrendado en entrevista radial con el director de Signos Distintivos Ray Meloni, que evidentemente fue una respuesta a la entrevista que un día antes había dado Jaime Marimón –presidente renunciante del Consejo Regulador del Pisco (CRDOP)– a RPP. Sobre está última, huelgan comentarios, porque se conoce la posición de este productor sobre los recientes acontecimientos en el pisco: que las funciones del CRDOP han sido usurpadas. Pero lo que merece atención y algunas palabras son las afirmaciones del Indecopi en su comunicado. 

Escribe Manuel Cadenas Mujica

Es cierto que tal institución es la administradora oficial de la denominación de origen pisco, y que en tal sentido no parece muy razonable señalar –como hace Marimón– que cuando interviene al respecto para verificar que la delegación de facultades se realice bajo los términos de ley, esté “usurpando funciones”. De hecho, la Ley Marco de los Consejos Reguladores demanda esta supervisión. Sin embargo, Indecopi no puede eximirse de responsabilidad respecto de que durante cinco años, desde febrero de 2011 (sin contar con los dos años previos de evaluación), las cosas se hayan dado así.

Ni siquiera porque el actual director de Signos Distintivos de Indecopi, Ray Meloni, haya asumido ese cargo recién en 2015, y desde entonces se haya preocupado más por este sector que sus antecesores; cuando se acepta esta clase de encargos públicos, se asume también el pasivo, en este caso el hecho de que según nos mencionó claramente en la reunión de julio del año pasado, las facultades sancionadoras en la administración de la denominación de origen pisco –que es el meollo de la controversia con Marimón– no puedan ser delegadas de acuerdo con la Ley Marco de los Consejos Reguladores.

“En el caso concreto del Pisco, la institución precisa que el Consejo Regulador, tal como se encuentra en este momento, no puede asumir la administración de nuestra bebida de bandera porque no cumple con los requisitos que exige la ley. No cuenta con infraestructura, equipos, personal, ni recursos económicos para llevar a cabo una eficaz administración de 481 productores autorizados para usar la Denominación de Origen Pisco”, señala Indecopi.

Pero esa situación no es ninguna novedad. Y debió certificarse antes de delegar ninguna facultad. Además, Jaime Marimón ha justificado esa falta de recursos e infraestructura precisamente a la negativa de Indecopi de delegarle las facultades sancionadoras, que esta institución ahora señala no puede delegar aunque las prometió en las disposiciones transitorias del Reglamento de la DO Pisco. Como se ve, una situación entrampada, no tan simple de “aclarar” vía un comunicado.

Indecopi señala, por otra parte, que el mandato del presidente del Consejo Regulador del Pisco venció hace más de dieciocho meses y que hasta la fecha no permite llevar a cabo elecciones para designar a sus nuevas autoridades.

“Ante ello, los productores han exigido la vacancia inmediata del referido cargo y la convocatoria a elecciones. Bajo estas condiciones, el Indecopi no puede delegar la administración de nuestra principal denominación de origen”. Pero, ¡ya delegó esa administración en 2011! (¿la va a retirar, ya la retiró, la ha retirado, ya no la va a delegar?), y que si bien la gestión de Marimón ha dilatado indebidamente el desarrollo de las elecciones, son también los propios productores –los que según Indecopi, exigen la vacancia– quienes brillaron por su ausencia en las asambleas a las que fueron invitados para convocar a los comicios de su propia asociación.

¿Y LAS SANCIONES?


Indecopi señala también en su comunicado que “está atento a que las denominaciones de origen, especialmente el Pisco, cumpla con los requisitos que exige la norma, para garantizar que se produzca con la calidad que la identifica y diferencia de otros aguardientes de uva”, y que “en esta labor de fiscalización de la norma de calidad de producción del Pisco, en lo que va del año 2016, la Dirección de Signos Distintivos ha realizado 216 inspecciones, decomisando e inmovilizando grandes cantidades de botellas de bebidas alcohólicas que empleaban esta denominación de origen sin contar con la autorización de uso respectiva”.

Sería importante para la protección del consumidor saber de quiénes se trata, publicitar esas sanciones, porque aquellas marcas populares que fueron denunciadas en 2013 y 2014 –gracias a la colaboración del Consejo Regulador al que ahora desconoce– por atropellar flagrantemente la denominación de origen pisco siguieron expendiéndose en todos los supermercados y autoservicios, nunca recibieron una sanción efectiva, sus procesos se dilataron ad infinitum en apelaciones y demás instancias, y no se ha conocido en qué terminaron los procesos. ¿Ocurrirá lo mismo con estas nuevas empresas sancionadas? Porque la impunidad es lo que alienta las infracciones.

(Por el contrario, sabemos de pequeñas marcas productoras de piscos de reconocida calidad, como la de Ana Edith Postigo, de Arequipa, por ejemplo, que se quejan de un verdadero acoso por parte de Indecopi impidiéndoles vender su producción de 2014 y 2013 porque en 2015 se les venció la autorización, mientras todos vemos en los anaqueles marcas de precios irrisorios y calidad dudosa, y estamos enterado del secreto a voces de la adulteración con uva de mesa, sin que se conozca de medidas efectivas para frenarla. Ray Meloni afirmó en su entrevista a RPP que han realizado los análisis a productos que salía como pisco al exterior y no lo eran. ¿Nos enteraremos alguna vez cuáles fueron?).

A diferencia de otros sectores, sobre los que diariamente recibimos notas de prensa informando de denuncias y sanciones, en el caso del pisco no hay transparencia en la información y, en todos los casos, para conocer sobre estas infracciones ha sido necesario investigar y recurrir a otras fuentes, pues Indecopi no ha querido informar pese a las solicitudes que se le ha remitido al respecto.

SE REPITE LA MISMA HISTORIA

Todo esto que decimos no apunta a desear que la administración Marimón permanezca (o retorne, ya que según publicó hace unos días, había renunciado) o a desestimar los recientes esfuerzos de productores e Indecopi por volver a articular una representatividad que derive en un nuevo Consejo Regulador, pero es necesario construir sobre bases sólidas y ninguna más importante que la sinceridad y la autocrítica. Porque esta no es la primera vez que se produce una crisis de representatividad en el sector pisquero, no es la primera vez que se aduce que el Consejo Regulador no representa a los productores y que Indecopi entra en el juego de desconocer a una administración para reconocer a otra.

Recordemos que, detalles más o menos, es la misma situación que derivó en 2008 en la sustitución del Consejo Regulador del Pisco –en proceso de reconocimiento oficial– que encabezaban Carlos Arturo Mejía y José Moquillaza por el que lideró Jaime Marimón y los otros cuatro presidentes de las asociaciones de productores de Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. También entonces los pisqueros se quejaron de falta de comunicación, de arbitrariedad, de falta de convocatoria; y también entonces Mejía y Moquillaza les recordaron que se habían cansado de escribirles, llamarlos y convocarlos. También en aquella ocasión se les señaló no contar ni con recursos ni con infraestructura, pero –igual que ahora– los productores brillaron por su ausencia y por su renuencia a asumir la responsabilidad de una cuota para la sostenibilidad de su Consejo Regulador.

Indecopi, por su parte, como institución estatal que debe estar por encima de cualquier interés particular o coyuntura, no puede ponerse del lado políticamente correcto, esto es, de quienes más se quejan o hacen momentáneamente mayoría. Al lado de los que gritan “¡crucifícalo!”. Debe reconocer que cometió un error al apresurarse en 2011 a entregar facultades –recortadas o no– a la asociación liderada por Jaime Marimón, para constituirse en Consejo Regulador. Y debe ser clara al advertir, si es el caso, de que sea este o cualquier otro Consejo Regulador, no podrá delegar ninguna facultad sancionadora porque la Ley Marco de los Consejos Reguladores no lo permite. O, si es diferente, también plantearlo con claridad.

 

Solo bajo esas bases sólidas, de representatividad y compromiso por parte de los productores pisqueros, y de transparencia y lineamientos claros de parte de Indecopi, es que se podrá construir una institucionalidad sólida, para beneficio de la DO pisco.

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