¿Se puede obligar a los ciudadanos a comer diferente?

Escribe Manuel Cadenas Mujica

 

Nunca será suficiente el énfasis que se pone al señalar el enorme contrasentido y despropósito que significa tener una de las mejores gastronomías del mundo y, a su vez, sufrir uno de los índices más altos de anemia y desnutrición infantil principalmente en las zonas que son la despensa de la culinaria peruana. Una realidad que grita sobre el abismo socioeconómico y cultural que aún existe en el país.

No obstante, hay otra cara muy preocupante de este escenario: el incremento en 260 por ciento de la venta de la llamada “comida chatarra”, mejor conocida como “comida no saludable”, que ha llevado a niveles impensables de obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión y cánceres relacionados con la alimentación, según ha señalado hace poco el experto de la Organización Panamericana de la Salud Oscar Boggio.

Boggio participó de una conferencia organizada por el Ministerio de Agricultura y Riego para promover el consumo de legumbres. Según el especialista: más de la mitad de los escolares peruanos consume una bebida gaseosa al día. Además, en el país la venta de alimentos procesados y ultraprocesados de contenido hipercalóricos y poco nutritivo ha crecido en un 100 por ciento.

Frente a esta grave situación Boggio llegó a una conclusión: Perú debe seguir el ejemplo de México y crear un impuesto a las bebidas azucaradas para disminuir su consumo. Según el experto, los países como el nuestro “deben tener políticas para reducir el impacto en los niños de la promoción de alimentos y bebidas no alcohólicas y ricas en grasas saturadas, ácidos grasos tipo trans, azúcar o sal”.

La salida, entonces, sería reglamentar de una vez por todas la Ley de Alimentación Saludable (que sigue sin aplicarse desde 2013, de lo cual Boggio culpa a las industrias) y gravar a esos productos con más impuestos. “Hace poco salió un reporte en JAMA (el diario de la Asociación Americana de Medicina) que dice que la industria del azúcar pagaba estudios para echar la culpa de los efectos cardiovasculares a la grasa y no al azúcar”, dijo.

La pregunta de fondo en este caso sería: ¿Es verdad que leyes restrictivas como la mexicana han conseguido los resultados esperados?  Según el Colegio de México (Colmex), no es así. El impuesto no ha conseguido modificar los patrones de consumo mexicano, pues –señala un estudio presentado en enero de este año por la institución–, los cambios están asociados exclusivamente al incremento de precios y no al impuesto, y el impacto fue de apenas 0,5 por ciento menos de ingesta calórica mexicana desde su aplicación en 2014.

No es Perú el único país que ha venido estudiando esta medida. Entre nuestros vecinos, Colombia también debate si adoptarla o no. ¿Por qué no lo ha hecho? Ha influido mucho en esta demora lo expresado por Santiago López, director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Bebidas de la Andi (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia): en los países que han aplicado esta medida “no existe cifra alguna que acredite disminución en los indicadores de sobrepeso”.

Hay varios ejemplos, señala una investigación de Martha Morales para el diario El Tiempo de ese país. En Dinamarca, solo año y medio duró el gravamen de dos euros por cada kilo de alimentos con más de 2,3 por ciento de grasa saturada establecido en 2011, pues la secuela fue más contrabando y duros reveses para la industria, el pequeño comercio y el empleo, sin ningún cambio en los hábitos de consumo.

Francia adoptó en 2012 una prohibición de las salsas de tomate en comedores y cafeterías oficiales y luego un impuesto a las bebidas no alcohólicas con azúcar. Recientemente anunció que estudia nuevas medidas restrictivas a los alimentos hipercalóricos. Pero, ¿cuál ha sido el resultado? Un notorio aumento en los índices de consumo por habitante de bebidas alcohólicas, puntualmente de vino, sin que haya indicadores de qué beneficios ha traído para la salud la prohibición de la salsa, por ejemplo. Por el contrario, el nivel de sobrepeso y obesidad sigue en aumento.

¿Por qué Francia las sigue aplicando entonces? Sus detractores afirman que se ha convertido en una nueva gallina de los huevos de oro para el Departamento del Tesoro. Caso contrario, señalan, se adoptarían otras medidas que según varios estudios demuestran mayor eficacia, como la subvención de los alimentos saludables.

Han seguido el ejemplo francés Chile, Barbados (que lo revisará en 2017) y Bélgica. Quiere hacerlo también Irlanda. Pero otros 42 países y Estados como Alemania y Cataluña, en cambio, han optado por alejarse de tales medidas. Finlandia (uno de los más antiguos en imponer un gravamen a la confitería, que estuvo vigente casi todo el siglo XX), retiró ese impuesto en 2000, volvió en 2011 incluyendo al chocolate, los helados y las bebidas no alcohólicas azucaradas, exceptuando a los pequeños productores, pero ya anunció que en 2017 eliminará la medida para dulces y helados.

Sin entrar al interminable debate de hasta qué punto el ciudadano es libre de consumir los alimentos que prefiera sin que el Estado se erija como el Gran Padre que le impone qué comer y qué no comer (quienes somos liberales creemos que no tiene ningún derecho de hacerlo), lo cierto es que la información a la mano sobre la experiencia de los países que han aplicado la medida restrictiva demostraría que ese no es el camino para enfrentar el tan grave problema de salud pública relacionada con la alimentación.

 

¿Por qué no aprender de esas experiencias en lugar de proponer la aplicación de tales medidas tan dogmáticamente? Si no han funcionado en otros países, incluso los del primer mundo, ¿por qué habrían de funcionar aquí? Parecería, como se va entendiendo en Europa, que la solución pasa más por la promoción que por la imposición. Si no, que lo digan los padres que han intentado obligar a sus hijos a comer diferente.

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