Hoy se debate el dictamen de la ley para extender la moratoria a la producción e ingreso de transgénicos hasta 2035. La mayoría de expertos nacionales e internacionales han explicado por qué resultaría un verdadero suicidio alimentario que se relaje esta protección, pero el Gobierno, a través del ministro de Agricultura y Riego Jorge Montenegro Chavesta, insiste en la necesidad de hacerlo.

Hace una década, durante el gobierno de Ollanta Humala, y ante la presión de la poderosa industria de los organismos vivos modificados (OVM, más conocidos como transgénicos), a la que el segundo gobierno de Alan García había abierto las puertas, se declaró la moratoria por diez años a través de la ley 29811, que vence este diciembre. Con una diligencia digna de mejores causas, en plena pandemia y a río revuelto, el Gobierno de Martín Vizcarra apuró la elaboración de un reglamento para “regular” el uso de transgénicos.

El ministro Montenegro aduce que el agro peruano necesita alternativas para las secuelas del cambio climático, sequías, inundaciones, heladas, friajes y plagas. Flexibilizar la producción e ingreso de transgénicos sería la solución según él, bajo la promesa de “garantizar la biodiversidad” mediante un sistema regulatorio.

Sin embargo, la insólita posición protransgénica del Ejecutivo olvida que el propósito de la Ley 29811 que estableció la moratoria por diez años fue dar tiempo para que el Estado peruano “ordene” la legislación existente y se llenen los vacíos identificados, construyendo un marco regulatorio acorde con las necesidades de la agrobiodiversidad peruana, tareas que no se han desarrollado ni cumplido en el plazo establecido, y que difícilmente se subsanarán a través de un reglamento sacado de bajo la manga que no está en capacidad de garantizar nada.

Una prueba de esta falta de capacidad de supervisión del Estado peruano es la presencia de maíz genéticamente modificado en 79 de los 686 campos de cultivo y establecimientos que evaluó el propio Minagri en 2018. En 2019, pese a la moratoria, Minagri informó que la situación se había agravado al encontrar OVM en 93 de los 507 campos de cultivos y establecimientos que evaluó. Igual ocurrió con peces genéticamente modificados que detectó en establecimientos comerciales de Arequipa, Tacna y Puerto Maldonado.

Además, la invocación que hace el ministro a la necesidad de investigación científica olvida adrede un punto muy importante: no todos los transgénicos se encuentran en moratoria desde hace diez años, sino que de acuerdo con el Protocolo de Cartagena que Perú ratificó, únicamente aplica a los OVM para liberación al ambiente, como los cultivos y las especies marinas. Los OVM de uso confinado (como los de laboratorio y los de uso directo como alimentación humana, alimentación animal o procesamiento), no están afectados por la moratoria y están ya regulados por la Ley 27104 y su reglamento.

En otras palabras, aludir a la necesidad de investigación científica resulta solo un pretexto, porque eso ya está permitido y regulado por ley, lo mismo que el ingreso de alimentos transgénicos. Lo que la moratoria custodia es la supervivencia del enorme banco biodiverso peruano, amenazado de muerte por el ingreso de materiales genéticos modificados que en esta ocasión el Ejecutivo alienta con extraño entusiasmo.

Y es que más allá de las consideraciones legales y formales, la pregunta de fondo es ¿de verdad necesita la biodiversidad peruana la presencia de los OVM?

Situado en la zona subtropical de América del Sur, en lugar de un territorio cálido y húmedo, la Cordillera de los Andes y la existencia de un complejo de corrientes marinas y masas de aire han creado una zona única en el mundo, con 84 de las 114 zonas de vida conocidas en la Tierra, tres cuencas hidrográficas, 28 tipos de clima.

Por ello, no sorprende que, existiendo solo cinco centros de producción de especies de origen en el mundo, dos de ellos encuentren en territorio peruano, cuna de la papa, el maíz, el tomate y el cacao, e incluso de especies animales como los cuyes y patos domésticos. Por eso tenemos diez denominaciones de origen. Tampoco sorprende que, existiendo nueve afloramientos de plancton en los océanos del planeta, dos se encuentren en el mar de Grau, desarrollándose 700 especies de peces, 800 de moluscos, más de 300 de crustáceos y el 41 por ciento de especies de mamíferos marinos.

Las secuelas devastadoras que tendría la introducción de los OVM para una agricultura de pequeña escala que produce el 70 por ciento de los alimentos que comemos los peruanos –como señala el movimiento Puca: Peruanos Unidos por la Cocina y la Alimentación– han sido muy bien explicadas en un interesante hilo en Twitter por José Luis Chicoma.

Y mientras aquí, siguiendo un discurso retrógrado y mercantilista, se pretende perpetrar tal suicidio alimentario, en el mundo, el modelo de agricultura ancestral esta siendo rescatado como agricultura regenerativa.

“¿La coexistencia entre cultivos genéticamente modificados y cultivos tradicionales es factible? ¿Hemos adquirido las capacidades necesarias para evaluar y gestionar de manera efectiva los posibles efectos adversos de los OVM sobre el ambiente y la diversidad biológica? ¿Los productos derivados de OVM para consumo humano están siendo evaluados?”, se pregunta la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.

La terrible desaparición de cultivos de cacaos ancestrales en la Amazonía –cacaos de origen muy apreciados por su gran calidad– ante la difusión indiscriminada de la variedad CCN-51 tiene la respuesta, como triste demostración del desolador panorama que aguarda a la agrobiodiversidad peruana si no se aprueba la moratoria.